El proyecto de ley que propone un nuevo Código Procesal Civil, ya firmado por la Presidenta de la República, es un avance en este proceso de reforma. Dicho proyecto recoge la labor del llamado Foro Procesal Civil, constituido por destacados abogados, académicos y expertos, sobre la base del anteproyecto que el Ministerio de Justicia encargó a la Universidad de Chile y que ésta entregó en diciembre de 2006.
Al igual que la reforma procesal penal, la civil se caracteriza por pasar de un sistema escrito a uno oral; por la inmediación (contacto directo del juez con las partes y con las pruebas), y por la publicidad de las audiencias. Además, contempla diversos procedimientos según el tipo y la complejidad de la materia, y la creación de un oficial de ejecución, para sacar de la competencia del juez civil los procedimientos de ejecución, que hoy representan el 80 por ciento de los ingresos de causas. A dicha normativa se sumarán otros cuerpos legales para dar forma al nuevo sistema; entre ellos estarán el proyecto de mecanismos de resolución alternativa de conflictos en una etapa prejudicial, y el proyecto de nueva ley de arbitraje interno. Ambos buscan reducir el número de causas que llegan a juicio.
Hay consenso en que este proyecto contiene los elementos clave básicos para una reforma a la justicia civil exitosa. Al reconfigurar la competencia del juez civil, eliminándola en los procedimientos ejecutivos, y estableciendo el arbitraje junto con la negociación, mediación y conciliación en una etapa prejudicial, se racionalizan las materias sometidas a su conocimiento. También se reglamentan los recursos procesales, para evitar el retardo en las Cortes de Apelaciones y Suprema.
En cuanto a su implementación, el ministro de Justicia adelantó que formará una mesa de trabajo, replicando el modelo de la comisión de coordinación interinstitucional de la reforma procesal penal. El éxito de un nuevo sistema judicial no descansa sólo en la perfección de los diseños orgánicos o procedimentales, sino además en una correcta planificación de su financiamiento y posterior puesta en marcha. Los gravísimos errores cometidos en los últimos esfuerzos modernizadores de justicia -familia, jóvenes y trabajo- no deben repetirse. Las continuas improvisaciones en esos casos han significado tribunales a medio terminar, aumento de costos por instalaciones provisorias, diseños legales deficientes, reformas de último minuto.
El Ejecutivo debe asignar a esta modernización la prioridad que merece, ya que el actual retardo en la tramitación de estas causas es incompatible con los niveles de desarrollo a que se aspira. El envío al Congreso del proyecto es sólo el inicio. Ahora, la voluntad política de avanzar en él debe traducirse en acciones concretas y recursos para arribar prontamente a la sustitución del centenario Código de Procedimiento Civil vigente.
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